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PRESENTACIÓN

 

En Junio de este año 2013 se ha aprobado la Ley 8/2013 de 26 Junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esta Ley surge como consecuencia de la situación económica general en la que se encuentra el País y que especialmente afecta al sector inmobiliario. Se dirige también hacia la solución de varios compromisos adquiridos con nuestro entorno internacional para el cumplimiento de los objetivos de ahorro energético y reducción de emisiones a la atmósfera.

 

La Ley asume la situación de paralización urbanística producida desde la constatación de la crisis y la innecesaridad de nuevos procesos de expansión urbana, así como la sobreabundancia del parque inmobiliario desocupado. Por otra parte también asume el avejentamiento y obsolescencia de la edificación que ocupa los centros de las ciudades y la formación de áreas con peligro de degradación.

 

La Ley ofrece a las Administraciones y a los particulares fórmulas de intervención en esas áreas del suelo urbanizado con edificaciones inadecuadas y cuyo coste energético y social es alto, facilitando soluciones de rehabilitación y regeneración de esos edificios, sus infraestructuras e incluso se prevé la sustitución por nuevas edificaciones y espacios urbanizados, más acordes con las necesidades actuales, que además sirvan como motor social y económico de las zonas afectadas y su entorno.

 

Aunque la Ley ofrece la iniciativa a los particulares, propietarios de los edificios o zonas necesitadas de esas actuaciones, y a sus agrupaciones, según los diversos modelos en los que se presentan (asociaciones, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, cooperativas, etc...), es difícil que sean estas las que arranquen con su puesta en acción. Por otra parte los intereses de esos particulares tendrán como objetivo prioritario salvaguardar y mejorar las condiciones de las propiedades, sin miras mayores ni de más largo alcance, y se perderá la capacidad de regeneración social y urbana de las actuaciones.

 

Por ello es la Administración la que debe iniciar el proceso y dar ejemplo. Las herramientas que dispone para ello son diversas y sobre todo lo más importante es la sinergia que debe existir entre las diferentes Administraciones involucradas e interesadas en su finalidad.

 

El interés de resolver los problemas sociales y de vivienda, común a la Administración Local y la Autonómica, se acrecienta con la consecución de nuevas áreas urbanizadas de calidad ambiental y atractivo turístico en su caso.

 

En años anteriores estas fórmulas han conseguido grandes éxitos produciendo un efecto dominó, en el que unas intervenciones localizadas han sido seguidas e imitadas por otras, en las que se han mezclado estrategias de rehabilitación con las de renovación del tejido urbano y esto provoca el atractivo de la población autóctona por esos espacios, pero también la dinamización del área y la atracción turística. Sus efectos emiten ondas que trascienden de sus límites y mejoran la calidad de toda un área urbana.

 

Al amparo de todas estas ideas e intenciones, se anima a los Ayuntamientos para que, en convergencia la Administración de las Comunidades Autónomas, a través de sus Consejerías de Obras Públicas, Vivienda, Política Local, Fomento,... promuevan una iniciativa de regeneración urbana en su Ciudad.

 

Para su desarrollo se propone que la Consejería utilice los recursos que dispone a través de los Institutos de Vivienda, como entidades públicas adscritas a esas Consejerías y que según el Art. 9 de la Ley, están capacitada para tomar la iniciativa de este tipo de actuaciones.

 

En ese planteamiento Geresud se ofrece como un equipo de apoyo y colaboración en la gestión del proceso, al servicio de esos Institutos o empresas públicas de promoción de viviendas, aportando el estudio de los espacios adecuados y estratégicos, el apoyo jurídico y administrativo de las labores requeridas, el desarrollo de estudios y propuestas y la intervención directa o indirecta en el diseño y desarrollo de los proyectos urbanísticos, arquitectónicos o industriales que posteriormente se requieran. También se ofrece apoyo en el control económico del sistema de gestión y en la relación con los particulares afectados, así como la participación y coordinación de los sistemas de enlace entre las dos Administraciones involucradas.

 

Geresud es un equipo interdisciplinar en el que se cuenta con abogados, arquitectos, ingenieros, expertos inmobiliarios, economistas, y personal administrativo con capacidad para el desarrollo de estos trabajos. La iniciativa de creación de este equipo parte de Abril del año 2012, mucho antes de la aprobación de la Ley y cuando aún ésta se encontraba en estado embrionario y surge de la inquietud que la situación inmobiliaria reflejaba en ese momento. Con el tiempo esas inquietudes plasmadas en la carta de intenciones de este grupo de profesionales se ha constatado en gran parte en el contenido de la Ley y por ello existen ideas y propuestas avanzadas que permiten ofrecer un primer objetivo de intervención.

 

Julio de 2013

 

GERESUD

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